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Violencia frontal contra la prensa, sin garantías estatales para cubrir el paro nacional

PorRadio Valledupar

Jun 12, 2021

En las últimas semanas hemos sido testigos de cómo la ola de violencia contra la prensa en Colombia se ha desbordado. Entre el 28 de abril y el 10 de junio de 2021, en la FLIP hemos documentado 235 casos y 268 víctimas de diferentes tipos de agresiones que han sufrido periodistas, reporteros, fotorreporteros y medios de comunicación que cubren las protestas sociales e informan sobre el paro nacional. Esta semana la FLIP le entregó un informe a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el que se da cuenta del escalamiento de esta violencia.

Advertimos sobre cómo las protestas sociales del 2021 han marcado un hito en los registros históricos de la FLIP, no solo por el aumento en el número de agresiones y víctimas (si se le compara con los registrados durante las manifestaciones del 2019 y el 2020), sino también por el carácter acentuado y generalizado de los actos de violencia.

En las agresiones atribuidas a la fuerza pública (55% de los casos) se evidencia una intención directa de hacer daño, a pesar de que las y los periodistas se encuentran identificados con cascos, chalecos y demás distintivos. Esto revela la falta de garantías para ejercer el periodismo y conduce a que muchos reporteros, especialmente en medios regionales,  se autocensuren.

Nos preocupa que la autocensura tienda a normalizarse. Es apenas lógico que los y las reporteras se lo piensen dos veces antes de salir a hacer su trabajo, y hasta tres si se consideran los tratos discriminatorios y arbitrarios de la fuerza pública, originados en prejuicios sobre cuándo y cómo los y las periodistas deberían estar presentes e informar. A esto se le suma un riesgo diferenciado para las mujeres periodistas: tanto la fuerza pública como particulares emplean con frecuencia amenazas de violencias de género contra ellas como una estrategia de hostigamiento. En varios casos, las periodistas desisten del oficio y con ello se priva a la ciudadanía de obtener información plural y diversa.

El ambiente de hostilidad contra la prensa es además la antesala a una captura de la narrativa de las protestas. El Estado no está garantizando condiciones de seguridad para el ejercicio periodístico, por el contrario, manifiesta la intención de controlar el debate público a través de campañas que criminalizan las expresiones en línea, acompañadas del monitoreo de redes sociales y el corte y bloqueo de internet; todas son estrategias represivas de la libertad de expresión y de prensa.

En el informe a la CIDH, presentamos la documentación y explicamos estas y otras formas de agresión y obstrucción al trabajo periodístico. Entre las solicitudes que hicimos, incluimos un llamado para que se emitan recomendaciones diferenciadas para la protección de la prensa, y dejamos claro y latente nuestro mensaje de preocupación por la intensificación y normalización de la violencia institucional contra la prensa, que además encuentra respaldo pleno en un discurso permisivo por parte de las autoridades y un silencio cómplice frente a los abusos de la fuerza.

Los uniformados han amenazado, detenido, obstruido y estigmatizado a las y los periodistas con el fin de intimidarlos y censurarlos. Pero su forma preferida para atacar periodistas es la agresión física. Se valen de sus armas, escudos, bolillos, tasers e incluso usan su cuerpo para golpear a las y los reporteros. En esta infografía pueden conocer un poco más de las formas de agresión física de los miembros de la fuerza pública.

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