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Una resolución contra Maduro pone a Petro entre la espada y la pared

PorRadio Valledupar

Sep 22, 2022

Esta semana, Gustavo Petro escogió como garante de la eventual negociación con el ELN al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, una decisión necesaria para avanzar con esa guerrilla que es binacional. Es el primero de varios sapos que el Gobierno tendrá que decidir si se traga o no de ahora en adelante.

El segundo lo enfrenta la semana que viene y coincide con su viaje a la Asamblea de las Naciones Unidas, donde Petro quiere estrenar su liderazgo en el tema de cambio climático.

En los próximos 10 días, Colombia tiene que decidir si se suma a una iniciativa de países de la región que quieren extender el mandato de una misión de expertos nombrada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para investigar violaciones de derechos humanos por parte de la dictadura venezolana.

Las principales organizaciones internacionales de derechos humanos ya están pendientes de qué lado se ubicará Petro.

Una misión incómoda

El Grupo de Lima, una instancia multilateral conformada por 14 países de la región para acompañar a la oposición venezolana en la búsqueda de una salida a la crisis de Venezuela, impulsó una resolución para establecer una Misión Internacional independiente para investigar la violación de los derechos humanos en Venezuela. Iván Duque jugó un rol clave en esta iniciativa.

En septiembre de 2019, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU acogió la propuesta resolución 42/25 y creó la misión para que investigara durante un año las atrocidades cometidas por el régimen de Maduro cometidas desde 2014. Un año después, con la resolución 45/20, prorrogó el mandato por dos años más hasta septiembre de 2022. Colombia votó nuevamente a favor de la prórroga.

En sus tres años de existencia, este grupo conformado por tres expertos internacionales ha concluido que hay motivos suficientes para creer que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad y que “autoridades de alto nivel tenían conocimiento” de ellos. También documentaron la falta de independencia de la justicia en el vecino país y su rol en la represión de los opositores de Maduro.

Este mes se vence el mandato de la Misión. Y un grupo de países liderado por Canadá y Paraguay y respaldado por Brasil, Guatemala, Chile y Ecuador, entre otros, han dicho públicamente que llevarán nuevamente una resolución de prórroga al Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. Colombia no ha dicho nada. Dado el contraste con el activismo que jugó Duque en el pasado, los activistas de derechos humanos han tomado nota del silencio.

«Desde el 16 de agosto le pedimos a la Cancillería una cita para hablar de esto y, hasta la fecha, no se ha concretado», dijo Tamara Taraciuk Broner, subdirectora para las Américas de Human Rights Watch. Es una de las 125 organizaciones de derechos humanos que desde mediados de agosto están exhortando públicamente a los países para que lideren o copatrocinen la prórroga de este mandato.

La vicecanciller Laura Gil dijo a La Silla el jueves que no habían circulado el borrador de resolución todavía y que seguramente lo iban a hacer al día siguiente. «Lo queremos ver —dijo— Es muy posible que nos sumemos para patrocinar».

Contra la pared

El Consejo de Derechos Humanos es el principal foro político de la ONU sobre temas de derechos humanos. Está conformado por unos 50 estados elegidos de manera rotativa por la Asamblea General, garantizando una representación regional.

Este Consejo hace una revisión periódica de la situación de derechos humanos de los países miembros, saca declaraciones políticas, nombra relatores especiales en temas como la defensa de líderes sociales y alimenta con sus informes a la Asamblea General. Nombrar la misión que investiga los abusos en Venezuela —y prorrogarle su mandato— es un mensaje político importante en contra de Maduro, y por eso, para que esta decisión se discuta en Ginebra necesitan contar con un respaldo significativo de los países latinoamericanos.

Este año, Colombia no forma parte del Consejo y en la medida en que no vota, no tendría que sentar una posición pública al respecto. Podría, eso sí, copatrocinar la iniciativa como un respaldo simbólico, que es lo que están buscando Human Rights Watch, Amnistía Internacional y otras ONG. Si no lo hace, reforzaría el mensaje de que con Petro, Colombia comienza a dar un viraje en su rol tradicional de adalid de la defensa democrática en la región.

Ya dio las primeras señales equivocadas al ausentarse de la sesión de la OEA en la que se votó en contra de Nicaragua por sus violaciones de derechos humanos (aunque ante el escándalo, el canciller, Álvaro Leyva, firmó la condena unas semanas después) y trinar desestimando el resultado democrático del plebiscito en Chile.

«La situación en Venezuela no ha cambiado», dice la subdirectora para las Américas de Human Rights Watch. «Si Colombia no se suma sería un cambio de posición frente a la anterior que tuvo en Ginebra. Perú y Chile, que cambiaron de gobierno en este período y también son gobiernos de izquierda, son parte de este grupo».

La presión para que Colombia y otros países se unan es porque esta Misión es el único mecanismo de presión independiente de rendición internacional de cuentas que existe hoy contra Maduro. Dicen que es particularmente importante tener este monitoreo internacional porque en 2024, Venezuela tiene elecciones presidenciales, que es justo cuando se han vivido los mayores picos de violaciones y abusos por parte del régimen.

También porque la Fiscalía de la Corte Penal Internacional tiene una investigación abierta en Venezuela desde finales del año pasado y la Misión le aporta evidencia concreta sobre la responsabilidad individual de los jefes de las cadenas de mando que han cometido crímenes de lesa humanidad.

Se ha documentado que desde enero de 2018, unas 6 mil personas han sido asesinadas durante las operaciones de las Fuerzas de Seguridad. La entonces Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, concluyó que «muchas de esas muertes pueden constituir ejecuciones extrajudiciales».

Pero precisamente por todo esto, Maduro se ha opuesto siempre a la Misión del Consejo de Derechos Humanos. Y si el gobierno Petro respalda la prórroga de su mandato entrará en tensión con el rol de garante de la negociación con el ELN que le delegó Petro la semana pasada.

Ya que Petro le diera esa dignidad a un dictador como Maduro fue criticada por el Subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Brian Nichols, y por congresistas de ese país.

Con lo cual, el apoyo a esta resolución pone al gobierno contra la pared: haga lo que haga —incluso si no hace nada— tendrá un costo y señalará de qué lado se pone el presidente. 

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