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Nuevas acciones de la Fiscalía en caso Odebrecht y por corrupción en la administración de justicia

PorRadio Valledupar

Mar 10, 2022

La Fiscalía General de la Nación obtuvo material de prueba suficiente para tomar decisiones judiciales contra nuevos posibles implicados en dos de los más grandes entramados de corrupción del país: el caso Odebrecht y el direccionamiento de fallos a cambio de dádivas.

Falsedades y contratos ficticios

El Grupo de Tareas Especiales para el Caso Odebrecht radicará solicitud de audiencia de imputación contra Daniel Andrés García Arizabaleta, como presunto responsable de los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares y falsedad en documento privado.

Esta persona, entre 2009 y 2013, habría recibido pagos de la Constructora Norberto Odebrecht. Para hacerle llegar los dineros y no dejar trazabilidad de las transacciones, la multinacional lo hizo a través de la empresa Consultores Unidos S.A.S., representada por Eduardo José Zambrano Caicedo, suscribiendo para esto dos contratos ficticios.

La empresa Consultores Unidos, al parecer, recibió cuentas de cobro y facturas falsas por servicios que nunca se prestaron, y desembolsó los recursos al señor García Arizabaleta sin dejar rastro de su relación con Odebrecht. La investigación da cuenta de que el hoy indiciado presentó un incremento patrimonial injustificado de $360’000.000.

Direccionamiento de decisiones judiciales

Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia imputará al exgobernador de Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía Campo, por el delito de cohecho por dar u ofrecer.

El material de prueba indica que el exgobernador, presuntamente, acudió a la red de corrupción conformada por el exmagistrado Francisco Javier Ricaurte Gómez, abogados y otros exintegrantes de la Rama Judicial para que intercediera y fueran direccionadas a su favor investigaciones que se seguían en la Fiscalía.

Por esta actuación se habría pactado el pago de 1.000 millones de pesos. Hay elementos que acreditan que Abadía Campo, al parecer, entregó inicialmente $400’000.000, a través del abogado Luis Gustavo Moreno Rivera.

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